El inspector jefe que investigó el chivatazo a ETA vuelve a acusar a la cúpula de Interior

Carlos G. no se desvió ni un ápice de su informe oficial. El inspector jefe que dirigió la investigación del chivatazo al aparato de extorsión de ETA insistió ante el juez Baltasar Garzón en que todos los indicios recabados por su equipo, sobre todo el cruce de llamadas entre los supuestos implicados, apuntan a que detrás de la delación solo podían estar los hasta ahora únicos tres imputados: el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, el actual jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y un policía de Vitoria, al que ambos habrían enviado a Irún el 4 de mayo del 2006 para entregar un móvil al encargado del impuesto revolucionario , Joseba Elosúa, desde el que un desconocido lo avisó de la inminente operación.

Su comparecencia ante Garzón y el fiscal Carlos Bautista duró poco menos de dos horas y durante ese tiempo, según fuentes judiciales, se esmeró en detallar cómo durante meses él y sus subordinaron rastrearon casi las 2.000 llamadas realizadas en la zona en el momento del chivatazo para llegar, por descarte, hasta la pista del policía de Vitoria, que, a su vez, condujo a Pamiés, y del jefe superior, al director del cuerpo.

Carlos G., que salió del juzgado en la misma condición con la que entró, como testigo, denunció ante Garzón haber sufrido durante los últimos meses presiones desde altas esferas del Ministerio del Interior para que cambiara su informe oficial en el que apunta al director de la policía.

Polémica en el Congreso

Baltasar Garzón, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional

El PP volvió a sacar ayer en el Congreso el presunto chivatazo a ETA y llegó a preguntar al ministro Rubalcaba si él era la X del caso Faisán, mientras que este acusó a los populares de tener en la cabeza «insidias políticas». La investigación del supuesto chivatazo volvió a provocar un rifirrafe en el pleno del Congreso entre los diputados del PP Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Cosidó y el ministro del Interior. En esta ocasión, los diputados preguntaron al ministro si siempre ha sido veraz cuando informó del hecho y sobre la supuesta implicación del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.